Isla Mujeres.- Debido a que ya es una tarea exclusiva de los ayuntamientos hacer caso a los resultados de la consulta popular para revocar la concesión de Aguakan, las autoridades municipales de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos deberán ya «agarrar el toro por los cuernos», con el fin de dar cumplimiento a la decisión de la población, emitida en junio pasado. 

Así lo consideró, durante una entrevista realizada ayer en Isla Mujeres, Julián Ricalde Magaña, diputado local, al aseverar que en este conflicto el gobierno del estado y el Congreso deberán impulsar que esto se lleve a cabo a la brevedad, debido a la presión que hay al respecto. 

En ese sentido, al ser cuestionado si la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) deberá también involucrarse en este conflicto, el legislador señaló que hasta el momento dicho organismo «ha hecho lo mismo, jugarle a no ver, no oír, no ver» acerca de este tema.  

Mencionó que ya es necesario «dar un paso más», ya que afirmó que dicha empresa aún sigue sin cumplir su labor de brindar un buen servicio. 

Asimismo, puso en duda el argumento de algunas autoridades que señalan que la revocación de la concesión de Aguakan le costará mucho al erario público. 

«Si la empresa no cumple, se tiene que reincidir por cualquier otro proveedor. Y en cuánto al cuento de que costaría mucho, depende. No es lo mismo despedir a un trabajador sin causa justificada, porque hay que indemnizarlo, a comprobarle sus incumplimientos», matizó. 

A pregunta expresa, consideró que es una obligación de los municipios vinculantes obedecer lo dispuesto en la consulta popular por la revocación de dicha empresa.

«Es que si no obedeces el mandato familiar, porque no quieres el servicio, entonces no entiendo a quién obedecemos», añadió. 

Por último, informó que próximamente, al interior del Congreso local, se conformará una comisión transitoria, para tratar este tema, aunque no abundó más detalles al respecto. 

TRANSPORTE PÚBLICO

En otro tema, al respecto del conflicto que sostienen taxistas con operadores de Uber, Ricalde Magaña consideró, al margen de ello, que es necesario que al fin se regule y modernice el transporte público en el estado. 

Señaló que «es criminal la forma en que decenas de miles de personas se transportan a diario» en Quintana Roo. 

Agregó que no es fácil llevar a cabo esta regularización, pues con el paso de los años se han acumulado intereses políticos. 

En ese sentido, mencionó que mientras en otros estados de la república, como Monterrey y Yucatán, las autoridades están ya hablando sobre la posibilidad de adquirir unidades de transporte público de última generación, «nosotros estamos matando a la gente en combis, sin ningún tipo de seguridad». 

Por lo anterior, pidió a los gremios de transporte público no espantar a la gente «con el petate del muerto», pues agregó que el servicio de Uber no es para «todos los bolsillos». 

«Para empezar, la persona que quiere tener el servicio de Uber debe contar con una tarjeta para registrarse, y la inmensa mayoría de la gente de Cancún no lo tiene», recalcó, finalmente.

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