#Yucatán Mafia inmobiliaria en la costa: Continúa el saqueo

  • La mafia inmobiliaria de la costa se apodera de otros diez predios en la playa de Dzilam Bravo y se los vende, a precio de ganga, a conocidos empresarios

La  llamada “mafia inmobiliaria de la costa” no solo benefició a la empresa Uredi con la  adjudicación a título gratuito de 19 valiosos predios en las playas de Dzilam Bravo, sino también hizo lo mismo con la compañía DDA Proyectos del Sureste, S.A de C.V.,  de Carlos López Bolaños, a quien entregó gratis 10 terrenos en la costa, con 1,142  metros lineales de playa.

Como hemos publicado, estos predios son, al parecer, terrenos nacionales que la “mafia inmobiliaria”, junto con autoridades municipales de ese puerto y funcionarios del anterior gobierno del Estado convirtieron fraudulentamente en predios del fundo legal para facilitar su privatización.

Las adjudicaciones a DDA por parte del ayuntamiento de Dzilam Bravo se aprobaron en el cabildo en diciembre de 2014, según documentos del Registro Público de la Propiedad, consultados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Predios a precio de ganga

Todos esos terrenos, ubicados en la playa entre Dzilam Bravo y Santa Clara, fueron inscritos en el Registro Público en marzo de 2016 y un mes después la empresa DDA vendió a precios ínfimos e irreales ocho de esos 10 predios. 

Tres de éstos, con una extensión conjunta de 361 metros lineales de playa y una superficie total de 75,066 metros cuadrados, los compraron, a partes iguales, los empresarios José Manuel Díaz Rubio, quien falleció en abril, y José Barquin Sabaté.  Otro predio, con 151 metros de playa, lo adquirió solo Díaz Rubio al 100%, mientras su hijo Gerardo Antonio Díaz Roche compró uno de 136 metros de playa y el sobrino de Díaz Rubio, Gabriel Cámara Roche, junto con un socio, se agenció uno más, de 151 metros de costa.

En total, estas personas adquirieron seis predios con una extensión total de 799 metros de playa, por los que pagaron $219,550, cuando el valor comercial de esos terrenos al día de hoy sería de por lo menos 160 millones de pesos.

Estos seis predios, según la información oficial, están prácticamente inmovilizados. El  29 de abril de 2021  el Registro Público de la Propiedad suspendió el proceso para expedir la constancia de inscripción vigente o no vigente de propiedad a los dueños de esos predios, documento por medio del cual esa dependencia hace constar la existencia o no de registros y del historial registral de predio.

Empresario fantasma

Debido a la sospecha fundada de que estos terrenos no tienen historia registral y que fueron creados artificial e ilegalmente, las autoridades no permiten la expedición de esa constancia, los que dificulta su venta.

DDA vendió otros dos predios, con una extensión conjunta de 70 metros de playas, a Ileana y Rosa María Díaz Ávila, Rubén Francisco Domínguez Arceo y a la campechana Idalia del Carmen Osuna Rodríguez. A ellos sí se les expidió la constancia de inscripción.

Dos terrenos más, con 273 metros de playa, quedaron a nombre de la propia DDA, cuyo   socio mayoritario, con el 99% de las acciones, es el yucateco Carlos Manuel López Bolaños. Éste es  un supuesto empresario de 62 años, quien fundó esa compañía el 18 de octubre de 2010 en Cancún, pero que ha estado inactiva muchos años.

De acuerdo con la información del Registro Público, el Ayuntamiento de Dzilam Bravo aprobó las adjudicaciones a favor de DDA en las sesiones de cabildo celebradas el 26 y 27 de diciembre de 2014, en el período del alcalde priista Pedro Castillo Reyes.

Denuncia

Esas adjudicaciones se formalizaron entre el 24 de enero y el 31 de mayo de 2015 ante el escribano público de Ucú, Albert Yadir de Jesús Córdova López quien, como ya informamos, el gobierno del Estado lo destituyó el 17 de enero de 2019 por corrupción.

Como también ya publicamos, Castillo Reyes, en entrevista con Central 9, dijo que ni él ni sus regidores aprobaron alguna de esas adjudicaciones y que las actas de las sesiones de cabildo de diciembre de 2014 y de otras fechas son falsas. Por este hecho el exalcalde presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Ante los indicios de posibles irregularidades cometidas en esta operación, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación con el número C1/10/2019, “por la probable comisión de hechos de corrupción”, y el 28 de febrero de 2020 ordenó el cierre de registro de estos 10 predios y de otros relacionados con la “mafia inmobiliaria”.

Sin embargo, ante los amparos interpuestos por los beneficiados de las adjudicaciones, la Fiscalía canceló ese cierre el 16 de junio de 2021. 

Al inicio de la investigación de Central 9 sobre este tema —el primer texto lo publicamos el 5 de junio—, la información recogida sugería la participación en estos hechos de Castillo Reyes, quien ya se deslindó, y de su sucesor en la alcaldía de Dzilam Bravo, Julio Villanueva Rivero, “Triki”, del PRI.

Los datos apuntaban también a funcionarios del gobierno de Rolando Zapata Bello —quienes aún no están plenamente identificados—, y a  empresas fantasmas, como la propia DDA, Uredi y otras.

Uno de esos funcionarios es el actual diputado federal del PVEM-Morena-PT, Mario Peraza Ramírez, quien fue  director del Catastro de septiembre de 2015 a junio de 2016, y que mantiene relaciones de amistad con Julio Presuel Moreno, apoderado  legal de Uredi.

En este período se hizo la mayoría de las operaciones de la “mafia” en las costas de Dzilam Bravo y Celestún, en lo que se considera el más grande fraude inmobiliario conocido hasta ahora en Yucatán.

¿Quién fue?

A Mario Peraza Ramírez se le ha atribuido la responsabilidad — aprovechando su puesto en el Catastro—  de crear artificialmente los lotes catastrales de los terrenos nacionales, que luego aparecieron como parte del fundo legal de Dzilam Bravo, a fin de que el ayuntamiento de ese lugar los pueda vender, mediante las adjudicaciones gratuitas, a miembros de la “mafia”.

Peraza Ramírez, en reciente entrevista con Central 9, negó su participación en la formación de esos lotes y dijo que cuando llegó al puesto, “éstos ya estaban creados”.

Respecto a los terrenos que DDA recibió gratuitamente del Ayuntamiento de Dzilam Bravo y que esta empresa vendió a otras personas casi de inmediato, la información recabada muestra que entre estos terrenos figuran los lotes catastrales 4234, vendido a Díaz Rubio, y los marcados con los números 4236, 4237 y 4238, entregados al mismo Díaz Rubio y a Barquin Sabaté.

Paquete costero

Estos cuatro predios, según el Registro Público,  fueron vendidos el 8 de abril de 2016, mediante las escrituras públicas 93, 94, 95 y 96, otorgadas por el entonces escribano Córdova López, quien realizó todas las operaciones de venta de DDA, así como las adjudicaciones a favor de esta empresa por parte del Ayuntamiento de Dzilam.

El lote 4234, con 151 metros lineales de playa, 213 metros de fondo y 32,308 metros cuadrados de superficie total, lo adquirió Díaz Rubio en lo personal, en $42,500; es decir, a $281.4 el metro de playa, cuando en esa zona se estima en $200,000 el valor comercial promedio del metro lineal de costa.

El lote catastral 4236, con 117 metros de playa, 207 metros de fondo y una superficie de 24,659 metros cuadrados, fue vendido a Díaz Rubio y Barquin Sabaté en $33,000, un promedio de $282 el metro de playa. Ambos empresarios adquirieron también el lote 4237, con 122 metros de playa, 205 metros de fondo y una superficie total de 25,354 metros cuadrados, por el que pagaron $33,000, a razón de $270.4 el metro de playa.

Igualmente compraron el lote 4238, con 122 metros de playa, 202 metros de fondo y una superficie de 25,053 metros cuadrados, en $33,000; es decir, un promedio de $270.4 el metro de playa.

DDA vendió también el lote 4232, con 136 metros de playa, 227 metros de fondo y una superficie total de 26,748 metros cuadrados, a Gerardo Antonio Díaz  Roche, por $35,000, un precio de $257.3 por metro lineal de playa, según la escritura pública número 97, del  8 de abril de 2016, otorgada por Córdova López.

Piñata

Este escribano atestiguó, en la misma fecha, en la escritura 92, la venta del lote catastral 4233, con 151 metros de playa, 216 metros de fondo y una superficie de 32,790 metros cuadrados, a Gabriel Antonio Cámara Roche y José Manuel Sánchez González, por la cantidad de $43,000, a razón de $284.7 el metro de playa.

Otros beneficiados de esta “piñata” de terrenos nacionales en Yucatán, realizada en el gobierno pasado, son Ileana y Rosa María del Perpetuo Socorro Díaz Ávila y Rubén Francisco Domínguez Arceo.

Éstos le compraron a DDA, a partes iguales, el 8 de abril de 2016, el lote catastral 4230,  con 48 metros de playa, ubicado entre Dzilam Bravo y Santa Clara, por 188 metros de fondo y una superficie total de 11,097 metros cuadrados. Por el predio pagaron apenas $15,000, lo que significa un precio promedio por metro lineal de playa de $312.5 y de $1.35 el metro cuadrado de todo el terreno.

El 8 de abril de 2020 el Ayuntamiento de Dzilam Bravo, entonces encabezado por el priista Daniel Armando Herrera Rivera, fijó el valor catastral de este predio en ¡$7,768,173!; es decir, un valor catastral por metro lineal de playa de $161,837, una fortuna respecto a los $312.5  que pagaron inicialmente los propietarios.

Rosa María Díaz Ávila e Idalia del Carmen Osuna Rodríguez (regidora del PRI-PVEM en el ayuntamiento de Champotón en el período 2012-2015), adquirieron, a partes iguales, otro tablaje catastral, el 4231, con 22 metros lineales de playa, 200 metros de fondo y 4,448 metros cuadrados de extensión total, por la cantidad de $13,000, un promedio de $591 por metro de playa.

Negocio redondo

Aquí también, cuatro años después, la comuna de Dzilam Bravo fijó el valor catastral de este predio en $3.113,628; es decir, un valor catastral por metro de playa de $141,528. Un negocio redondo.

Ambas operaciones se celebraron, como todas las anteriores, el 8 de abril de 2016, ante el escribano Córdova López, quien otorgó, en esos dos casos, las  escrituras 98 y 99, respectivamente. Los nuevos propietarios del lote 4231 intentaron vender este terreno a Jaime Arau Chavarría, en noviembre de 2020, no obstante el cierre de registro del predio, por lo que éste interpuso una demanda amparo contra de esa medida, aunque la venta no se ha podido realizar (Continuará). //Tomado de: Diario Yucatán



Categorías:Noticias

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: