#Sigue brotando más «pus» en el gobierno de @CarlosJoaquin/ #Columna #GolpeDeTinta/ Escribe el Periodista Jesús Amador

Sigue brotando más «pus» en el gobierno de Carlos Joaquín

Por: Jesús Amador

Chetumal. – La desaparición del Instituto de Patrimonio Estatal (IPAE) y la creación de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (AGEPRO) únicamente fue una farsa del gobierno de Carlos Joaquín González, pues los «bisnes» continúan haciéndose igual o peor que durante la era de Beto Borge, pero ahora, solapado por la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

En estos 5 años y meses de gobierno de Carlos Joaquín, ¿en dónde quedó el trillado popurrí, ese que decía que en Quintana Roo quién la hace la paga, o el de ! Cero Tolerancia ¡?

Es vox populi que en la actualidad varios de los funcionarios de Carlos Joaquín son señalados de actuar al margen de la Ley. En esta entrega nos enfocaremos a un caso en particular, seguramente no es de los más llamativos o que represente «ríos de dinero», pero si se trata de un acto de total injusticia, exponemos:

-Hace más de 37 años (por ahí del año 1984) cuando la zona continental (llámese Solidaridad y Tulum pertenencia al municipio de Cozumel), compré al gobierno del Estado (Catastro) un predio donde hice una pequeña casita que ocupé entre tanto construía el hotel «Acuario» que se encuentra a lado de él.- explica Don, Felipe Ramírez González.

Recordó que bajo los usos y costumbres (a la palabra) que en aquel entonces se estilaban, hace 37 años, tomó en posesión, física, jurídica, pacífica e ininterrumpida, en calidad de propietario y señorío, el predio ubicado en lote 010, de la manzana 001, en avenida ruinas de Tulum, y calle Nicte-Ha (crucero de la ruina de Tulum) en la Ciudad de Tulum Quintana Roo, tal y como lo reconoció , aceptó y plasmó el entonces IPAE por medio del oficio # IPAE/DG/CJ/DTC/021/VII/2017 de veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

Dijo que en primera instancia construyó una vivienda en una parte del predio para que vivan los trabajadores que edificarían el hotel, mismo que desde un principio contó con toda la documentación exigida por la autoridad (planos y licencia de construcción).

En junio del 2014 solicitó al IPAE, a través de sus oficinas de Playa del Carmen, la regularización y titulación del citado predio, sin embargo, un día desaparecieron citadas oficinas, lo que obligó a Don Felipe Ramírez seguir haciendo el trámite, pero ahora de manera directa en oficinas centrales del IPAE (Chetumal), como lo puede comprobar mediante un oficio entregado el 27 de febrero de 2016.

El 2 de junio de 2017, en virtud de la solicitud efectuada el día 27 de febrero de 2016, emite una determinación en donde sin motivo ni fundamento legal alguno niega la regularización del inmueble citado, y en contra parte, solicita la entrega voluntaria, real, material y jurídica, del tantas veces citado inmueble, lo que resulta a todas luces corrupto e incongruente, pues por un lado no reconocen razón ni derecho y por el otro con desparpajo, exigen la entrega voluntaria de los derechos posesionarios respecto del predio multicitado.

«Obvio que me inconformé, a tal grado que promovi un recurso de revisión el cual también con indolencia lo sobreseyó el IPAE, por lo que el 9 de octubre de 2017 se presentó una demanda de nulidad ante la Sala Constitucional otrora también administrativa radicada bajo el numero S. C. A/A/278/2017, en data 22 de junio de 2020. La Sala Constitucional decreta la nulidad de la resolución impugnada», expresó.

Una vez constituido y ocupando el lugar del IPAE, la AGEPRO tuvo pleno conocimiento que Don Felipe Ramírez es el propietario real del citado predio. No obstante a ello, el día 14 de agosto de 2020, el apoderado legal de la AGEPRO, Ignacio Martínez Palicio, presentó en la fiscalía de Tulum, querella radicada bajo el número 762/2020, por el delito de despojo, en términos de la hipótesis inmersa en el diverso 158 del código penal del Estado, aduciendo que hacía apenas tres días se había enterado, que un grupo de tres personas se encontraban introduciendo al inmueble en materia, material de construcción.

A sabiendas de que se trataba de hechos falsos, pero además sin algún derecho y/o acción que asista a su representada, pues con exceso y por varios años ya al menos 5 habían prescrito. Pero eso no es todo, sino que de la propia documental que anexó a la querella de marras el empleado público, Ignacio Martínez Palicio, en su calidad de apoderado del AGEPRO, en ella existen constancias identificables como anexo III y número de predio 67 de la protocolización de la entrega recepción entre el IPAE y la AGEPROO, en donde al IPAE le entregó el FIDECARIBE y a este el Catastro, desde ahí ya aparece Don Felipe Ramirez González como posesionario e incluso se señala que con él se encuentra en litigio; bueno desde aquel entonces, ya tenía la posesión del inmueble que nos ocupa por medio de un pago en calidad de enganche que hace más de 37 años realizó Don Felipe bajo los usos y costumbres de la época.

-A fin de llevar a cabo un despojo calificado, de manera perversa, corrupta y asquerosa, el citado abogado (Martínez Palicio) presentó tal documentación al Ministerio Público, en principio y con mucho trabajo podemos por decir lo menos, que estos últimos fueron engañados. Empero, con mentira y embuste, el tristemente célebre ministerio público de nombre Jean Gaspari Chablé Yupit, lo aceptó, a pesar que una semana antes, es decir el día 8 de agosto de 2020, Don Felipe presentó ante el mismo ministerio público, una denuncia radicada bajo el número 722/2020 en términos del numeral 159 fracciones I y II, del código penal, por el delito de despojo calificado, acreditando la legal posesión del terreno en atención; en contra de un grupo de al menos 20 facinerosos, comandados por Alejandro González Colin, otrora regidor en el municipio de Solidaridad en el año 1999, quien a su vez encabeza a los vendedores ambulantes de tours y despojadores profesionales que han sentado sus reales en el acceso milenario a las Ruinas de Tulum. (primera parte).



Categorías:Noticias

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