La minería genera conflictos sociales en municipios #Chiapas//

En Chiapas existen alrededor de 40 megaproyectos, cuya finalidad extractivista ha generado incertidumbre en miles de familias indígenas, han generado acaparamiento de tierras, divisiones internas entre poblaciones y desplazamientos internos, dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC.
En su informe denominado “Los Caminos de la Resistencia: Informe Frayba”, el centro relata las violaciones a los derechos humanos que ha generado la pretensión de esas grandes empresas con sus proyectos mineros hidroeléctricos, de turismo y plantación.
“Estos megaproyectos siguen una lógica de despojo: la implantación autoritaria, la falta de consulta previa libre e informada a las poblaciones afectadas, el contubernio entre autoridades de los tres niveles de gobierno, modificación de normas y leyes, violencia, criminalización y judicialización para quienes se resisten o se oponen”, precisa el informe.
De acuerdo a dicho informe, 26 de los proyectos extractivistas son dedicados a la minería; 11 a represas, 2 de infraestructura, 2 de turismo, 2 de petróleos y uno más a humedales, todos distribuidos en toda la geografía estatal, siendo las regiones más preponderantes: Altos Tzotzil-tzeltal, Mezcalapa, De los Bosques, Norte, Sierra Mariscal, Costa, Metropolitana y Soconusco.
Tan sólo por los proyectos mineros se verían afectados los municipios de Tenejapa, Ixhuatán, Tapilula, Cintalapa, Tila, Yajalón, Chilón, Solosuchiapa,Amatán, Motozintla, Siltepec, El porvenir, Bella Vista, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Concordia, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Escuintla y Acacoyagua.
Por los proyectos de represas, San Juan Cancuc, Huixtán, Huitiupan, Chicoasén, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Cacahoatán, Palenque (Cuenca del Usumasinta) y Salto de Agua. Pobladores de la mayoría de estos municipios, donde se pretenden asentarse las grandes empresas, realizaron en días pasados una caravana pro defensa de la tierra para hacer saber su desacuerdo por dichas intenciones.
“Las actividades extractivistas se van a imponer a la producción de alimentos, la conservación de lugares sagrados, entre otras actividades comunitarias relacionadas con la cultura e identidad de los pueblos”, refiere el documento compuesto de 144 páginas.
Los despojos de las tierras que de estos proyectos se han derivado, emite el informe, ha afectado de manera alarmante la convivencia comunitaria y ha deteriorado la confianza hacia las instituciones locales, estatales y federales, además representa un grave atentado contra el medio ambiente.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, destaca además que los cambios a las leyes secundarias en materia energética tiene como objetivo entregar los recursos energéticos a empresas privadas y transnacionales, circunstancias que vulneran los derechos a la propiedad social de la tierra.

http://www.diariodechiapas.com/landing/la-mineria-genera-conflictos-sociales-en-municipios/

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