#QuintanaRoo: Diputados borgistas ‘paleros’ de Aguakan

La concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), mejor conocida como Aguakan, pese a la intervención de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), se encuentra tranquila financieramente pues sabe que en caso de cancelarle la concesión, el gobierno del estado, tendría que pagar una estratosférica suma de 13 mil 500 millones de pesos, cuando menos, por lo que la estrategia que aplica el gobernador Carlos Joaquín, es la correcta.

En conferencia de prensa,  el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), informó que si se rescinde ese contrato, se le deberá pagar a la empresa una cantidad igual a las ganancias anuales presuntas hasta el año de vencimiento, o sea 2053.

Conforme a sus balances en la Bolsa Mexicana de Valores de 2016 y 2017, los ingresos totales anuales fueron de 2  mil millones de pesos con una utilidad neta más de 300 millones de pesos.

Por lo que si se multiplican los 300 millones por cada año, hasta 2053 sumarían aproximadamente dicha cantidad que se necesitaría erogar de un plumazo, además de liquidar el préstamo de CAPA por 560 millones que también en época de Borge se suscribió y que se encuentra “amarrado” a la concesión.

Cabe recordar que el director general de Aguakan, Roberto Robles, sin dar cifras, aclaró que la rescisión sería muy costosa, aunque cabe sostener que la estrategia jurídica del gobierno del estado puede salvar dichos obstáculos al demostrar que no cumplió con los compromisos de la concesión, según los legisladores.

Es importante mencionar que mucho de este conflicto radica en la Ley de Cuotas y Tarifas de Agua, misma que el diputado local Esquivel Cruz en su momento, presentó el año pasado una iniciativa ciudadana para que se modificara, pero los legisladores han hecho caso omiso y desgraciadamente como el diputado Emiliano Ramos volvió a su curul luego de su intento fallido por ser candidato del PRD-PAN-MC a la alcaldía de Benito Juárez, ya no se pudo avanzar más en ese sentido.

Marybel voto por concesión

Los legisladores del PAN en el Congreso del estado, entre los que se encuentran Fernando Zelaya, María Eugenia Solís y Gabriela Angulo, entre otros, manifestó que le dan su incondicional respaldo a la estrategia del gobierno del estado en el caso de Aguakan y recordaron que la senadora de MORENA, en su momento cuando era diputada local, votó a favor de la prórroga hasta 2053 de la concesión a Aguakan, en tiempos de Roberto Borge como gobernador.

“Queremos manifestar el respaldo total a este tipo de acciones”, dijo en conferencia de prensa el diputado Jesús Zetina, acompañado de los diputados Fernando Zelaya, Eugenia Solís y Gabriela Angulo.  Fernando Zelaya, dijo que este proceso se debe llevar adelante “en base a una estrategia jurídica y de manera legal”.  “No es a gritos ni a sombrerazos”, como lo hace la Senadora de Morena, acotó.  Marybel Villegas, en reiteradas ocasiones, tomó la posición de inmediata de la concesión.

Los panistas recordaron que cuando fue diputada local del borgismo, en la pasada Legislatura, Marybel Villegas votó a favor de ampliar hasta el año 2053 la concesión de Aguakan en Cancún e Isla Mujeres, así como entregarle también a la empresa el municipio de Solidaridad.

“La senadora ha caído en ciertas contradicciones, ella como diputada local aprobó en su momento la concesión”, dijo Fernando Zelaya.

“A ella se le olvida que fue junto a otros diputados, y así obra en documentos públicos del Congreso, quienes aceptaron, aún con todos los vicios, mantener a esta empresa, y en lo oscurito firmaron esta ampliación de contrato”, confirmó Jesús Zetina.

Los diputados recordaron que esa aprobación de los legisladores incluía el pago de 1055 millones de pesos por parte de la empresa al Gobierno, dinero que desapareció sin que los diputados borgistas pidieran ninguna explicación.

“Es lamentable que anteriormente se hacían ese tipo de contratos”, dijo Jesús Zetina, “recordemos que ese dinero desapareció, no sabemos qué pasó”.

Ese nuevo acuerdo del Gobierno con Aguakan durante la gestión de Roberto Borge, puso candados muy fuertes para evitar que la concesión pudiera revocarse en ninguna circunstancia, coincidieron en señalar.

El Gobierno trabaja en una auditoría a la empresa, mediante la cual ya ha detectado un adeudo de parte de Aguakan al estado por más de 800 millones de pesos, lo que ha llevado a la intervención de las cajas y las oficinas de la empresa. Pero falta auditar completos los años 2017 y 2018, por lo cual se espera que el monto crezca considerablemente.

“Lo que intenta el Gobierno del estado es no pagar ninguna penalización”, dijo Zetina, quien adelantó que el caso contra la empresa no sólo sería civil y fiscal, sino también penal”.

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Diputados-borgistas-paleros-de-Aguakan-20180926-0014.html

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