#Yucatan: Solaparon los “moches”

Ernesto Ruffo revive el caso: sí hubo evidencias

Cuando Ernesto Ruffo Appel, integrante de la Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN), estaba de lleno en las pesquisas sobre la denuncia de “moches” que involucraba a dirigentes panistas yucatecos, encontró que no cuadraban unas cifras de obras en los municipios.

“Mandé primero ingenieros a investigar la evidencia de la obra pública municipal, y allá estaban las obras”, recuerda el entonces senador de la República. “Se hizo una evaluación de costos unitarios… Los peritos encontraron que en lo que se había pagado al cien, porque así estaba señalado en las cuentas municipales, la obra sólo justificaba cincuenta, es decir, la mitad”.

Y es en esa etapa donde los números no cuadraban.

El exgobernador de Baja California, quien fue ponente del caso Yucatán en la Comisión Anticorrupción, dice que hicieron cálculos de los trabajos en el sector de la construcción, siempre con la participación de peritos. Al 50% que se justificaba en la obra le sumaron un 15% considerando las cargas de las compañías constructoras por otros conceptos. De esta forma la cantidad se elevó a 65% de lo egresado por los gobiernos municipales.

“Entonces falta un 35%. ¿Dónde está?”, pregunta el exsenador. “Fue allá donde me faltaron capacidades como comisionado, porque no pude ingresar a las cuentas bancarias ni me lo permitieron los municipios para saber cómo habían estado los pagos y quién pagó”.

“Allí no tuve alcances porque el PAN no tiene esas facultades. Son facultades del Ministerio Público, de Hacienda…”

Lo que queda claro, señala el comisionado, es que lo que se ejerció en obra en varios municipios yucatecos con recursos del Ramo 23 para el fortalecimiento municipal en las áreas de cultura, deporte y pavimentación fue el 65 por ciento de lo egresado de las arcas.

Y repite la pregunta: ¿dónde está el 35% restante?

Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, solicitó una entrevista a Ernesto Ruffo, hoy diputado federal y aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, después de que éste formuló declaraciones sobre los “moches” que difundió la prensa capitalina.

El legislador hace un alto en sus actividades en la Cámara Baja y accede amablemente a responder a nuestras preguntas. De entrada señala que el esquema de los “moches” apunta directamente a Raúl Paz Alonzo, entonces presidente estatal del PAN, y que tanto Gustavo Madero Muñoz como su sucesor en la presidencia nacional panista, Ricardo Anaya Cortés, supieron de esas irregularidades y estuvieron enterados de las evidencias, pero nada hicieron.

Ahora Raúl Paz es senador. Otro de los acusados, Miguel Rodríguez Baqueiro, entonces secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, es diputado local.

Central 9 le recuerda a Ruffo Appel que el dictamen de la Comisión Anticorrupción, que él también firmó, indicó que no procede una investigación del caso Yucatán y le pregunta si no es una incongruencia su posición actual sobre el tema.

“Bueno, no procedía la investigación en el sentido de que no podía actuar como agente del Ministerio Público del gobierno”, responde el entrevistado. “El caso se atoró cuando vi que no podía meterme en las cuentas bancarias. Nos topamos con el problema de que no tenemos facultades para penetrar en las cuentas y decir ‘zutano agarró dinero y mengano lo agarró’, por ejemplo”.

El exgobernador bajacaliforniano recalca que el nombre de Raúl Paz apareció en las diligencias internas como la parte central del esquema de los “moches” en Yucatán y así lo hizo saber no sólo a la Comisión Anticorrupción sino a la Comisión Permanente del PAN, bajo la presidencia de Damián Zepeda, antes de que se definieran las candidaturas, pero nada cambió.

A continuación recuerda cómo nació el mecanismo que dio origen a los “moches”, una práctica en la que —enfatiza— incurrieron diputados de todos los partidos políticos, no sólo del PAN:

—Todo empezó (durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa) en un contubernio de la Secretaría de Hacienda con la Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, donde están representados todos los grupos parlamentarios.

—En la propuesta de Ley de Ingresos, Hacienda dice en el rubro de petróleo, por ejemplo, que se calcula que el barril se venderá en un precio promedio de 40 dólares.

—Alguien, de alguna manera, le comenta a alguien de la Junta de Coordinación Política que en realidad el precio será de 43 por barril.

—Entonces aparecen tres dólares adicionales por barril y la Cámara de Diputados modifica la Ley de Ingresos. Si se multiplica esa cantidad por el total de barriles aparece un montón de dinero. Y la Cámara los coloca en el Ramo 23.

—El Ramo 23 apareció a los pocos años de que se eliminó la partida secreta del presidente de la República. Ese dinero (que iba a la partida secreta) se va a los fondos de desastre y otros, pero también va a dar a este fondo municipal.

—En general es un fondo de 15,000 millones de pesos y son 500 diputados. Si divides el dinero, a cada diputado le tocan $30 millones.

—Los diputados tenían una facultad de asignación de $30 millones a los municipios. Acá hay una violación a la ley porque los diputados no debemos asignar directamente la partida a los municipios.

—El buen diputado, el que no tiene problemas de corrupción de ninguna índole, fue y los asignó. Y claro que los hay buenos, limpios y transparentes, pero hay otros que se beneficiaron a través del mecanismo en el que un contratista autorizado —autorizado entre comillas— por alguien del grupo parlamentario habla con el presidente municipal —que puede ser del Estado de donde viene el diputado o de otro— y se ocupa de distribuir el dinero.

—Así, los malos diputados sólo asignaban el dinero a determinado contratista y recibían su diez por ciento, que podía ser de hasta $3 millones al año (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

http://www.yucatan.com.mx/merida/solaparon-los-moches

 

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