#QuintanaRoo// Holbox y el Plan de Manejo: lucha de intereses en el paraíso

La posibilidad de que se publique el Plan de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam está asociada y fuertemente vinculada a la lucha de intereses y conflictos agudizados por el tiempo y la incertidumbre. Su publicación (con o sin acuerdos) será el disparador de viejos y nuevos intereses, o bien podría poner las bases para la solución y disipación de los conflictos.

El nuevo proceso está marcado por la conformación del Consejo Asesor (febrero 2017), el cual decidió crear una “tercería”, nombre que se le da a una consultoría, contratada a inicios de 2018 con la empresa canadiense Stantec, cuyos términos de referencia y selección quedan en la oscuridad para la mayoría de actores.

El Plan de Manejo (PM) debe y puede innovar en ciertos elementos que otras áreas protegidas no han contemplado y tiene la licencia de ser motor de nuevos esquemas de desarrollo en la zona. Dos modelos de desarrollo se confrontan no sólo por razones técnicas, sino porque de un lado se impulsa un modelo de negocios que empuja por un rápido retorno de la inversión y por la generalizada especulación, y otro por la conservación, puesto que se trata de un área protegida, cosa ineludible, pues los inversionistas compraron en una reserva que la federación, el país y los locales definieron en su momento y decretaron en 1994.

En este proceso puede perderse la oportunidad de publicar el PM este año, con elementos mínimos y claves que, por un lado, permitan la inversión y por otro controlen la dinámica de especulación, cambios del uso de suelo, y garanticen la conservación de los procesos naturales y su paisaje; que incida en las capacidades de invertir en el gran retraso de la infraestructura necesaria, e incluir las pautas y mecanismos que resuelvan la conflictividad y reconduzcan la zona hacia una nueva condición. O bien mantener la dinámica que ha prevalecido desde su declaratoria… otros muchos años más en el Oeste sin ley.

Los temas de innovación posibles requieren esquemas-condiciones creativas de acuerdos con actores que actualmente están muy apartados, muy sensibles y en posiciones opuestas, donde el Consejo Asesor muestra desde el inicio un estancamiento:

Las propuestas de uno y otro actor, y de la propia consultora canadiense, aún no contemplan cómo atender los procesos urbanos: infraestructura, planes urbanos, crecimiento, servicios y demás. Es decir, las condiciones de Holbox, Chiquilá, Kantunilkín y la urbanización potencial de la Isla grande. Aún está lejos de contener pautas para la administración urbana (compromisos, fondos, recaudación y capacidad municipal vinculante al desarrollo).

Tampoco se ha explicitado el Catálogo de principios clave del desarrollo de Isla Grande (i.e. cero descarga de agua, cero emisiones/sólo energía renovable) y sus relaciones de crecimiento con los otros sistemas urbanos (Chiquilá y Holbox), o bien los esquemas de conservación del espejo y fondo de agua (laguna y mar), las rutas y formas que condicionen el transporte (tráfico) y acceso, por ejemplo proponen dragar, algo que en el decreto está prohibido, reconocen que la pesca está en alto riesgo por la sobrepesca, no se soluciona el abasto de bienes y servicios a la Isla Grande, en su relación municipal o estatal. El número de cuartos o superficie a construir si tiene pautas arquitectónicas, pero no la creación de potenciales fondos que potencien y balanceen el reparto de beneficios para la conservación…no proponente que los inversionistas directamente sean el motor de los beneficios.

Finalmente, la transferencia de capacidades que proponen entre terrenos o de recursos, no garantiza que inhiban la sobre densificación, como tampoco la gestión de conflictos.

Los actores, las afrentas y tensiones

La región está compuesta por una mezcla compleja de actores sociales muy difícil de resumir. Primero, los propietarios de Isla Grande poseen intereses heterogéneos, agregados ahora, con un representante que preside el Consejo Asesor. Seguramente no todos se quieren por sus historias, pero lograr un acuerdo de un máximo de cuartos requiere que al interior se hagan convenios de las distintas zonas (los distintos terrenos) para diferenciar los alcances. Dónde sí y dónde no se permitirán cuartos, y el máximo número.

En segundo está la realidad interna de Holbox, una estrella sin atender, llena de tensiones sociales (entre pobladores originales y fuereños), conflictos interfamiliares y una decadencia asociada a su éxito. Entendida como isla chica estaría dentro del Plan de Manejo sí y sólo si se visualiza e integra al Plan. Holbox y su competencia con los otros desarrollos (Isla Grande y Chiquilá) será parte del sistema y el jaloneo de los intereses; Holbox no es homogéneo y será siempre una fuente de tensiones. Deberá ver garantías de la conservación del paisaje y de la solución urbana de sus problemas. Hasta ahora no hay propuestas.

Le sigue Chiquilá y su binomio pesca-ejidos, que sufre-goza de la especulación de terrenos y buscará a toda costa el crecimiento de Isla Grande para garantizar su propio crecimiento y valorización de sus terrenos por construir. Es un caldero de conflictividad creciente, pues también al interior existen varias visiones que se contraponen.

Luego está un trinomio extraño de autoridades: el gobierno municipal, que busca el impulso de las inversiones, sin capacidad para gestionar lo urbano, con múltiples intereses ejidales y políticos; la Conanp, que tiene fuerza nacional pero no local y que, ante la lejanía, atiende desde CDMX mientras, sus representantes a las juntas del Consejo, que fueron desalojados y desconocidos por algunos ejidatarios, tienen el mandato de hacer valer el decreto y propósito de la ANP. Esperan que exista una propuesta viable o sensata para conservar el ecosistema, o simplemente publicar el Plan de manejo con las restricciones que ya tenían contempladas. Por último, el gobierno del estado, representado por dos secretarios, turismo y medio ambiente, cuya agenda los obliga pero su mandato no, que los mantiene más bien como testigos, por ser atribución federal, pero sin duda tienen capacidad.

Finalmente, una red de grupos ambientales-académicos también heterogénea, con gran capacidad analítica y serias propuestas tanto legales como científicas. Representan la parte más nítida de un interés colectivo. Aquí podría incluirse a algunos hoteleros y habitantes de Holbox porque son empáticos con la conservación del paisaje. Han resistido acoso y rechazo local y creado alianzas con la academia. Son unos guardianes bien informados. No van a claudicar y saben por experiencia el destino de la zona si se acepta un desarrollo inmobiliario y urbano sin límites.

Y una nube de entendidos y alianzas, posiciones contradictorias o conflictos de interés entre unos y otros, promotores de lo inmobiliario, hoteleros locales, asesores/notario, todo lo cual dificulta la clasificación. Parte de la complejidad que la consultora pudo haber subestimado.

La tercería, una mediación con fallas

En el Consejo Asesor se acordó impulsar un estudio-consultoría que sirviera como tercería. Después de un arranque con dificultades, en un comité del Consejo se acordaron los términos de referencia del estudio; se eligió una empresa y se le contrató a través de la Fundación Pedro y Helena Hernández y, con retrasos, ya dio un avance que dejó sorprendidos principalmente a la red de grupos ambientales-académicos. Propone 9 mil unidades (se entiende llaves o cuartos) para la Isla Grande y 12 mil para la población de Chiquilá, previstos como fases o etapas, para los próximos 25 años.

Las propuestas no incluyen aún (hasta lo que se sabe públicamente) criterios o mecanismos de control y garantía de la sustentabilidad, ni detalles de las implicaciones de este crecimiento, o la compatibilidad legal (no incluyeron análisis jurídico). Básicamente se puede considerar un modelo de negocio más que un modelo de conservación y desarrollo, con umbrales para el sistema regional. Esta propuesta cae en el seno del Consejo, donde tienen la mayoría los interesados en los aspectos inmobiliarios, ya que conforman un bloque. El resultado de no tener balance (muy probable en el corto plazo) llevará a que uno y otro, cuando consideren que perdieron, se puedan amparar.

El conflicto seguirá sin duda, y es de esperarse un recrudecimiento y expresiones como las que ya hubo: acoso a los grupos que defienden el medio ambiente, nuevos cierres de carreteras por los locales, que forzarán la atención del gobernador, entre otras acciones. El gobierno federal entrante tiene el reto y tal vez la necesidad de intervenir, o más bien, sería recomendable.

La dificultad para una solución

Los resultados y las propuestas, todo indica, están destinadas a llegar a un callejón sin salida, en buena medida por no haber incluido una verdadera negociación-diálogo, desconocer la lógica de la región y sus actores, e ignorado y no incluido a los académicos, cuyo conocimiento y capacidades, de facto, fueron utilizados sin paga o apoyo. Existe, digamos una afrenta táctica, pues los recursos por 11 millones de pesos, al provenir de los inversionistas-propietarios de Isla grande, dan un matiz de sesgo y duda a los resultados y su neutralidad. Otro error táctico es la falta de transparencia asociada al esquema y dinámica de las reuniones de los consultores con los actores, lo que pone un manto de sesgo más, y más duda de sus alcances y resultados.

Los resultados del estudio difícilmente dejarán satisfechos a los grupos, al gobierno del estado o al gobierno federal (Conanp-Semarnat). De alargarse, será a fin de año cuando se visualicen potenciales acuerdos y llegará muy tarde a la posibilidad de impulsar la publicación del Plan de Manejo antes de que termine el año.

El estudio, por haber sido financiado por el equipo de los inversionistas, será impugnado (puesto en duda y desbaratado) por la academia y las ONGs, y defendido por los interesados en los aspectos inmobiliarios. La descalificación será una nueva lucha, independientemente de los retrasos.

Ante la falta de claridad y transparencia de los términos del contrato de la consultoría, difícilmente el documento resultante resolverá las tensiones y conflictos o intereses actuales. Es de suponer que la empresa consultora se protegió en el contrato y el conflicto se lo heredará a la Fundación y sus operadores. También es dudoso que el estudio contemple actividades de consenso o consulta profundas; procesos que requieren mucho tiempo, estrategias específicas e instituciones fuertes.

A lo más, las propuestas del estudio darán marcos para el desarrollo de la ANP, pero postergarán los elementos sustantivos de quién, cuándo y cómo darán los límites del crecimiento, la asignación de los mecanismos para esas capacidades y los elementos de operación para regular el destino y corregir este sistema socio ambiental.

La capacidad de carga generalmente no propone los elementos de la operación institucional y de gestión de los recursos (urbanos, naturales, paisajísticos, gerenciales, recaudación y demás). Es difícil que los incluyan, incluso suponiendo que estén en los términos del contrato.

Se puede observar que las autoridades y el Consejo no han servido para dirimir, dialogar, consensar los conflictos, tensiones, posiciones o intereses de la zona.

Las distintas capacidades y experiencia de los actores no han propiciado un ámbito de confianza. Por el contrario, la dinámica ha conducido a mayor tensión y polarización.

La Conanp está ahora en una encrucijada: publicar o no antes de diciembre el Plan de manejo, incluir o no los números propuestos de cuartos y dejar todos los cabos sueltos de cómo resolver lo urbano, lo pesquero, los rezagos de infraestructura…

Se requiere de una estrategia de diálogo, crear una mesa con nuevas pautas, facilitada y cautelosa, donde se cuide el proceso y se pueda alternativamente, con rondas acordadas, propiciar los acuerdos. Uno de los problemas es que casi nadie tiene capacidad de convocatoria o poder político para establecer esto. Tal vez el gobierno del estado sea, por lo pronto, el único con las condiciones.

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