VERSIÓN DEL POSICIONAMIENTO PRONUNCIADO POR EL REGIDOR DEL MUNICIPIO DE JONUTA, FIDELIO PERALTA DAMIÁN A NOMBRE DE SUS COMPAÑEROS

Les hemos convocado a esta rueda de prensa y hemos solicitado el apoyo de los diputados que integran la fracción parlamentaria del PRI, porque con motivo del fin de año e inicio del año 2018, se avecinan hechos de gran trascendencia, importancia, así como de implicaciones jurídicas y económicas para los 17 ayuntamientos de la entidad.

Por el Staff//

Me refiero a la calificación de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 y a la aprobación de las leyes de ingresos para el año 2018, dos tareas que le corresponden al Congreso del Estado.

Asimismo, a la aprobación del Presupuesto General de Egresos para el ejercicio 2018, para cada uno de los 17 municipios de la entidad, lo que les corresponde a sus respectivos cabildos.

Estos temas nos preocupan y ocupan, porque como se ha publicado en diversos medios de comunicación, existen muchos ayuntamientos en los que los presidentes municipales actúan al margen de la ley, se conducen como si estuvieran manejando su negocio o su rancho; desconocen las atribuciones de los regidores, las resoluciones jurisdiccionales y lo que ordena la ley.

Respecto a los regidores, quieren obligarlos a que les avalen acciones que no se ajustan a la normatividad y si no lo hacen los hostigan y hasta los desconocen de su cargo, como ha sucedido en Macuspana, Nacajuca, Cunduacán, Teapa, entre otros.

Por eso estamos aquí, para solicitar al Congreso del Estado, su intervención a efectos de que, en la revisión y calificación de cuentas públicas del ejercicio 2016, se alejen de las simpatías y afinidades políticas, que actúen conforme a derecho y en aquellas cuentas que presentan irregularidades graves, se aplique la ley y se ordene que se finquen las responsabilidades, penales, administrativas y resarcitorias que correspondan.

Exigimos que no haya perdón ni componendas, pues ello genera impunidad.

Si queremos que haya un cambio en el Estado y en el País, debe comenzarse por castigar a quienes violen la ley y desvían los recursos públicos.

Asimismo, solicitamos a este Congreso, que en uso de las facultades legales y constitucionales que la ley le confiere ordene la práctica de auditorías sobre los recursos del año 2016, que no fueron revisados por el Órgano Superior de Fiscalización.

También pedimos que se ordene auditar los recursos que corresponden al año 2017, porque en la mayoría de los casos las revisiones realizadas son solo una simulación recaída en pequeñas muestras.

Nosotros que estamos dentro de los cuerpos edilicios vemos como se desperdicia el dinero gastándolo en cosas superfluas, que brindan placer momentáneo o temporal a los ciudadanos, pero que a la larga ellos mismos los pagan con sus impuestos o soportando un mal gobierno. Vemos como surgen nuevos ricos en los municipios y nadie hace nada por parar ese saqueo, nosotros los denunciamos, pero nadie nos hace caso; por eso alzamos la voz por esta vía.

De igual manera, solicitamos a este Congreso, que al aprobar el Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2018, establezca un mandato para que la Secretaria de Planeación y Finanzas, entregue en tiempo y forma las participaciones a los municipios.
Esto lo pedimos, porque en la práctica hemos detectado que se les posterguen y son utilizadas como medidas de presión, para lograr que los presidentes municipales o cabildos apoyen determinadas acciones que le convienen al ejecutivo estatal.

En lo que respecta a los Ayuntamientos, los 17 presidentes municipales e igual número de directores de Administración, Programación y Finanzas, les solicitamos que, al elaborar los proyectos de presupuestos de egresos para sus respectivos municipios, en cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales, incluyan las previsiones presupuestales y económicas para el pago de los laudos y demás compromisos derivados de sentencias judiciales.

De lo contrario, se corre el riesgo de que después de concluir, el próximo 4 de octubre del año 2018, el periodo constitucional de estas administraciones municipales, los que hayamos formado parte de los ayuntamientos omisos, seamos requeridos o sancionados por no haber efectuado esos pagos y por haber desacatado las sentencia dictadas por las autoridades jurisdiccionales correspondientes o por los jueces de distrito, como les sucedió a los integrantes del Cabildo de Nacajuca, Tabasco.
Se está a tiempo de tomar esas previsiones y así evitar las funestas consecuencias que ocasionará no hacerlo.

Para ello, solicitamos que se priorice y racionalice el gasto. Que se tomen medidas de austeridad, evitar obras y gastos que no sean de beneficio a la población.

Exigimos se acate el mandato constitucional que señala que, los recursos económicos de que dispongan los gobiernos estatal y municipal, se deben administrar con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

¡Fuimos electos para servir al pueblo no para servirnos del pueblo!

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